Durante conferencia de prensa realizada el 13 de junio de 2013, ofrecida por el Secretario General del Ministerio Público, Mynor Melgar, junto al Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Edi Juárez, se informó de la captura de Axel Marconi Marroquín Morales.

El Viceministro Juárez indicó que la captura se realizó en Coatepeque, Quetzaltenango, sindicado de los delitos de asociaciones delictivas y procuración de impunidad o evasión. Marroquín Morales, líder de una estructura criminal dedicada a la sustracción de droga, era el único miembro de dicha banda pendiente de capturar.

Los otros miembros de dicho grupo criminal fueron detenidos el 13 de marzo de 2013. Entre los capturados se encontraban 12 miembros de la Policía Nacional Civil sindicados de interceptar vehículos con droga o dinero con el propósito de sustraerla.

La captura de los funcionarios policiales se realizó luego que el jueves 7 de marzo del presente año, se reportó la incautación de 42 kilos de cocaína a la altura del Kilómetro 38.5 de la ruta a El Salvador, valorada en $4.2 millones, así como la captura de Christopher Stepha López, Efraín Oscal Berganza y Santiago Carranza López.

El 7 de marzo uno de los agentes de la Sub dirección General de  Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) recibió la llamada de una persona que le informa que al país ingresarán dos vehículos con un número determinado de droga. Con esa llamada los agentes planearon el operativo para realizar el “tumbe” de la droga y el dinero.

Los otros miembros de la estructura capturados en marzo 2013, son:

• Darbin Estuardo Gramajo Sánchez, inspector de la SGAIA
• Walter Keny Bran Castañeda
• Reynaldo Alejandro Jiménez Aguilar
• Byron Francisco Paz Pérez
• Hugo Leonel Bal López
• Rigoberto Subuyuc Hernández
• Victoriano Orantes Espinoza
• Henry Fernando López Hernández
• Josué Daniel Molina Hichos
• Hisman Oseas Ixchop Escobar
• Ervin Osvaldo Pérez Roblero
• Estuardo Waldemar González López

Guatemala 13 de junio de 2013

El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó hoy miércoles 03 de julio de 2013, a solicitud del Ministerio Público, a 16 integrantes: 6 mujeres y 10 hombres de las clicas: Los Crazy Gansters, Solo para Locos, Batos Locos, Solo Raperos, Little Psico Criminal, Guacos Locotes Sureños, todos pertenecientes a la Mara 18.

Las sentencias dictadas son de entre 8 y 149 años de cárcel contra los responsables de hechos delictivos, como asesinato, en los que usaban sistemáticamente violencia y brutalidad contra sus víctimas. Los hechos ocurrieron entre los años 2010, 2011 y 2012.

Los delitos cometidos por la pandilla bajo las penas impuestas por el Tribunal son: asociación ilícita, por 8 años, exacciones intimidatorias, 8 años, obstrucción extorsiva de tránsito, 8 años, lesiones graves, 8 años, lesiones leves, 3 años y asesinato, 25 años.

Las sentencias condenatorias dictadas contra los miembros de la pandilla, llevaron justicia a 19 víctimas de los diferentes delitos, de las cuales 13 fueron asesinadas, entre las víctimas se encontraban: integrantes de pandillas contrarias; miembros de la misma pandilla que se quedaron con dinero del grupo delictivo al que pertenecían o que delataron hechos delictivos; y personas que se negaron a pagar la extorsión.

El Ministerio Público presentó diversas pruebas, como: declaraciones testimoniales, peritajes presentados por los peritos criminalísticos de la Policía Nacional Civil y protocolos de necropsias y peritajes balísticos; mismos que forman parte de la investigación realizada por la Fiscalía de delitos contra la vida, así mismo el MP se ha preocupado por proteger a los testigos y víctimas con la finalidad de salvaguardar sus vidas y las de sus familias.

Sentenciados y sentencias dictadas

Guatemala 3 de julio de 2013

Con una sentencia que suma 882 años, el Ministerio Público logró el derecho de justicia para 14 mujeres víctimas de violación sexual y robo, luego de haber sido interceptadas por una estructura criminal que operaba, principalmente, en la calzada Roosevelt. 

Los integrantes de esta estructura criminal, integrada por 19 hombres, era liderada por el ciudadano nicaragüense, Javier Alexander Gonzalez Gonzalez y/o Cristhian Alberto Gonzales Velásquez, a quien se le sentenció a 108 años de prisión por varios delitos, entre los que se encuentran: asociación ilícita, plagio o secuestro, violación con agravación de la pena, agresión sexual, falsedad ideológica y robo agravado.

También fueron sentenciados dos colaboradores de la banda: el agente de la Policía Nacional Civil, Marbelys Obed Ramos Iguardia y Ana Noelia Abrego, ambos por el delito de asociación ilícita.

Pruebas testimoniales y científicas

Uno de los elementos más importantes para la resolución del caso, fue la denuncia de las víctimas y los testimonios presentados durante el debate que, por su naturaleza, se realizó a puerta cerrada, sin la revelación de las identidades de las mujeres, quienes rindieron su declaración a través de videoconferencia.  Durante el proceso, desde el momento en que presentaron la denuncia, el Ministerio Público ofreció a las víctimas acompañamiento psicológico y médico.

La Fiscalía especial del caso logró, a través de los testimonios de las víctimas, identificar a los acusados, pues sus relatos eran congruentes y, tanto por la emotividad que manifestaron y por el orden cronológico de lo narrado; así como por los detalles de sus victimarios, fueron considerados como verídicos.

Durante el debate, también fueron presentados ante el Tribunal B de Mayor Riesgo, varias pruebas científicas que dieron certeza a la acusación, entre las que se encuentran: declaraciones y peritajes de químicos biólogos, informes de investigaciones de campo, perfil de los victimarios, álbumes fotográficos de los vehículos y las motocicletas en que se conducían los malhechores (en especial una motocicleta de color amarillo que fue mencionada e identificada por varias víctimas), la ubicación del lugar en donde se reunían los integrantes de la banda criminal para planificar sus actos ilícitos; declaraciones, dictámenes médicos forenses y certificados médicos que dan cuenta de las condiciones en que se encontraban las víctimas luego del abuso sexual y agresiones físicas de las que fueron objeto.

Otra prueba importante, fue la presentación de los dictámenes genéticos realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y por la Fundación de Antropología Forense, a partir de las prendas de vestir de las víctimas, en donde se encontraron huellas genéticas de Javier Alexander Gonzalez Gonzalez, alias el nica. El Ministerio Público logró establecer que Gonzalez Gonzalez y/o Cristhian Alberto Gonzales Velásquez era el líder de la banda, ya que su ADN se encontró en las vestimentas de siete de las víctimas.

Las fiscales a cargo del caso, también presentaron varios informes bancarios en donde se acreditó la ubicación de los cajeros automáticos en donde los agresores extrajeron dinero de las cuentas bancarias de las víctimas.

Ministerio Público estableció una misma forma de operar

Como resultado de la investigación del caso, el Ministerio Público logró establecer una serie de acontecimientos criminales perpetuados en la calzada Roosevelt desde marzo hasta mayo 2012, con una serie de reincidencias: Los hechos ocurrieron en horarios nocturnos; las mujeres víctimas se conducían solas a bordo de sus vehículos, los cuales tenían vidrios polarizados; las víctimas eran interceptadas de la misma manera por los agresores, que se conducían en automóviles y motocicletas; los agresores tomaban el control de los carros de las victimas.

Todas las mujeres que rindieron sus testimonios coincidieron en la manera en que eran privadas de su libertad, en el excesivo uso de la fuerza de los agresores y en el uso de las armas de fuego, así como en las amenazas de muerte y los golpes que recibían. El ente investigador estableció que las mujeres fueron víctimas de un trato cruel, inhumano, degradante y eran sometidas, de manera individual, por lo menos entre dos a cinco hombres. Las féminas también sufrieron violación sexual.

Además, luego de ser agredidas, las víctimas eran obligadas a entregar sus tarjetas de débito y crédito, a revelar el número de pin a sus victimarios quienes retiraban dinero de las cuentas bancarias en cajeros automáticos.

Como parte de la investigación realizada, las fiscales establecieron que dicha estructura criminal también cometió varios robos en contra de cuenta habientes quienes, al salir de las sedes bancarias, eran interceptados y despojados de sus pertenencias y de dinero en efectivo.  Para vincularlos con esos hechos, fue primordial el testimonio de víctimas que describieron la forma de operar y las características de los criminales.  Dichas declaraciones fueron realizadas también por video conferencias, para resguardar la integridad de los denunciantes.

A través del análisis de las comunicaciones realizadas entre los integrantes de la banda criminal, interceptadas con orden de juez, permitió establecer la colaboración del agente Ramos Iguardia; así como de Ana Noelia Abrego, quien intentó traspasar a su nombre el título de propiedad de una de las motocicletas identificadas como vehículos de los agresores, a cambio de recibir pago monetario por parte de Gonzalez Gonzalez.

Los sentenciados, los delitos y las penas son los siguientes:

A solicitud de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el lavado de Dinero u otros Activos del Ministerio Público, el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, declaró el viernes 5 de julio con lugar una acción de extinción de dominio a favor del Estado, de dos vehículos tipo furgón, uno tipo cabezal y 397 toneles de plástico que contienen gasolina.

El Ministerio Público debe poner a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, los vehículos y los recipientes con el respectivo combustible, para que los bienes se extingan a favor del Estado; que tendrá el dominio de los mismos a través de la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

El Juzgado también ordenó al Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria, que levante la medida cautelar de embargo decretada sobre los vehículos y realice las inscripciones de dominio a favor del Estado guatemalteco.

Los vehículos y el combustible fueron decomisados el 5 de marzo del 2012, a la altura del kilómetro 172 del municipio de Santa Cruz Mulúa, Retalhuleu, por elementos de la Policía Nacional Civil; los supuestos propietarios no pudieron comprobar la procedencia del combustible.

De acuerdo con la Ley de Extinción de Dominio son causales de acción de extinción cuando el bien o los bienes provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva en territorio nacional o en el extranjero; incluye también los bienes o negocios que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas.

Guatemala 8 de julio de 2013

Elevar los niveles de efectividad en cuanto a cantidad y calidad de los casos resueltos y brindar atención adecuada y pertinente a favor de las víctimas, es uno de los objetivos para implementar el Modelo de Gestión en la Fiscalía Distrital de Salamá, Baja Verapaz, el cual fue inaugurado este jueves 27 de junio por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz Bailey.

El lanzamiento tuvo lugar en las instalaciones de la Fiscalía Distrital de Salamá, Baja Verapaz, acto en el que también estuvo presente el Secretario General del Ministerio Público, licenciado Mynor Melgar, el Fiscal Distrital de Baja Verapaz, licenciado Oscar Shaad, así como autoridades locales y representantes de la sociedad civil del departamento.

Durante la presentación la Fiscal General indicó que es satisfactorio inaugurar el Modelo de Gestión en Baja Verapaz porque el objetivo es mejorar los resultados en materia de aplicación de la justicia a todas las personas que ha sido víctimas del delito.

Desde hace varios meses el Ministerio Público ha trabajado sobre la implementación de este nuevo modelo de gestión, que consiste en la especialización y división del trabajo, en la racionalidad de los recursos, selectividad y priorización de los casos a investigar, la aplicación de herramientas de gestión y trabajo en equipo.

El modelo de gestión consiste en unidades funcionales distribuidas de la siguiente manera: Unidad de Atención Integral; Unidad de Decisión Temprana, Unidad de Dirección de la Investigación y la Unidad de Litigio, instancias que tienen su propio campo de acción con el objetivo de hacer eficiente la persecución penal estratégica.

Con el fin de medir los alcances del Modelo, el Comité de Gestión de la Fiscalía y la Secretaría de Política Criminal realizarán un monitoreo sobre los resultados de los avances de la implementación y elaborarán informes mensuales para determinar su eficacia y realizar los ajustes necesarios.

El Modelo contempla una serie de valores que son claves para el alcance de sus objetivos, entre los que se encuentran:

1. Compromiso con la víctima y calidad en el servicio prestado al usuario interno y externo (servidor de justicia)
2. Un mismo propósito (compromiso con objetivos y metas)
3. Especialización
4. Trabajo en equipo
5. Comunicación asertiva (directa, clara, con respeto)
6. Liderazgo participativo
7. Confianza y transparencia
8. Lealtad y honestidad
9. Solidaridad y cohesión de equipo de trabajo
10. Creatividad, actitud positiva y proactividad
11. Responsabilidad compartida
12. Talento al servicio de la institución
13. Trabajo eficiente y reuniones centradas en los objetivos previstos.

Guatemala 4 de julio de 2013

Miembros de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Publico en coordinación con la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil, realizaron hoy 11 de julio, la captura de Mario Oswaldo Orozco López de 48 años; quien trabajaba como auxiliar fiscal de la Fiscalía Municipal de Tecún Umán, San Marcos. Orozco López fue capturado por los delitos de agresión sexual y abuso de autoridad.

La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, inició la investigación de cuatro denuncias interpuestas entre enero y febrero del presente año.

El sindicado será escuchado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque, Quetzaltenango.

Guatemala 12 de julio de 2013

A solicitud del Ministerio Público (MP) el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó el cinco de julio de 2013, sentencias de 12  y 158 años de cárcel; contra cuatro sindicados de los delitos de plagio o secuestro, asesinato y robo agravado.

 Las sentencias condenatorias llevaron justicia a cinco víctimas. Uno de los hechos ocurrió el 3 de septiembre de 2011 cuando los hoy sentenciados secuestraron a Esvin Gerardo Rojas Ángel en un sector de la zona 11 de la capital y un día después lo asesinaron tras haber cobrado el rescate.

Estas mismas personas secuestraron el 13 de septiembre de 2011 a una señora y a sus dos hijos en un sector de la zona 11; las víctimas fueron liberadas el mismo día luego del pago del rescate.

Además, los integrantes de esta banda de secuestradores, le robaron un vehículo a un hombre, el 19 de septiembre de 2011, en la colonia Guajitos, zona 21. Los delincuentes fueron detenidos dos días después, en el kilómetro 49 ruta Interamericana, jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango, en el momento en que conducían el automóvil robado.

Durante el desarrollo del debate los fiscales de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, presentaron diferentes pruebas científicas.

Sentenciados

Guatemala 12 de julio de 2013

Samuelle Corbetta, de nacionalidad italiana, fue sentenciado a ocho años de prisión el  Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Sacatepéquez. La sentencia se dictó el 4 de julio de 2013 por el delito de agresión sexual en forma continuada, contra una menor de edad. El 9 de julio el mismo tribunal realizó la audiencia de reparación de daños a la víctima y ordenó el pago de una multa de Q50 mil.

La Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Sacatepéquez inició la investigación al momento de recibir la denuncia, presentada el 13 de junio de 2012, por la madre de la menor. La captura de Corbetta se realizó el 21 de junio del 2012.   

La Fiscalía de Sacatepéquez informó que durante el debate, que inició el 20 de marzo de 2013, los fiscales presentaron diversas pruebas, como los dictámenes periciales emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, así como informes psicológicos y de trabajo social. 

El sentenciado residía como voluntario en una casa hogar ubicada en la carretera a San Lucas Sacatepéquez, donde el 12 de junio de 2012 agredió sexualmente a la niña y luego la amenazó diciéndole que mataría a su madre y padre si les contaba lo sucedido.

El Ministerio Público realiza esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho y por llevarles justicia a las víctimas de diferentes delitos como una de sus prioridades estratégicas. Por lo anterior y con el objetivo de brindar atención especializada a las víctimas de violencia sexual, en agosto del 2012 se creó la Unidad de Delitos Sexuales, donde se recibieron de agosto a diciembre de 2012, un total de 1292 denuncias.

Guatemala 12 de julio de 2013

Resultado de las coordinaciones dirigidas por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, y el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, este domingo 14 de julio se llevaron a cabo una serie de allanamiento en Huehuetenango con el resultado de nueve personas capturadas como presuntos responsables del asesinato de nueve elementos policiales asignados a la sub Comisaría de Salcajá, Quetzaltenango.

En conferencia de prensa, la fiscal general y el jefe de la cartera del interior informaron que en operativos de gran escala, se logró la captura de Emerson Emanuel Villatoro Cano, Ricardo Cuic Huitz  y Bacilio Quib Pacay, sindicados de los delitos de asociación ilícita, robo agravado, asesinato, plagio ó secuestro; además de Delmar Dagoberto Calderón Villatoro, Augusto Chavarría Guerra y María Isabel Sales López acusados de asociación ilícita

En los allanamientos también fue aprehendido el agente de la Policía, Milson Fredy García Chávez, quien estaba asignado a la estación policíaca que fue blanco del ataque armado, sindicados de asociación ilícita.  Además se reportó la aprehensión en flagrancia de  Jeremías Rax Chú y Sandra Amarilis Bedoya Morales.

Para lograr las capturas, el MP en coordinación con el Mingob, realizaron desde tempranas horas 34 allanamientos en los municipios de la Mesilla y La Democracia,  Huehuetenango, en dichos lugares también fueron decomisadas 15 vehículos, 6 fusiles de asalto, 15 armas cortas, $6 mil 300, Q125 mil y 50 mil pesos mexicanos en efectivo.

La captura de esta estructura criminal, es parte de una investigación exhaustiva llevada a cabo por fiscales e investigadores inmediatamente después de conocerse los hechos del 13 de junio en el interior de la comisaría que dejaron como saldo la muerte de 9 policías

El esclarecimiento de este caso es importante para el avance de la justicia y la lucha contra la impunidad, constituye un fuerte mensaje de que ningún homicidio quedará impune.

La investigación realizada por miembros de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Santa Cruz del Quiché, dio como resultado la sentencia a 125 años contra Mateo Ralios Ortíz de 24 años, dictada hoy 16 de julio por el Tribunal de Sentencia de Santa Cruz del Quiché, por los delitos de femicidio y asesinato.

Ralios Ortíz fue capturado el 7 de septiembre de 2012 en la aldea Xebalanguatz, Joyabaj, Quiché. Durante la audiencia los fiscales del Ministerio Público presentaron pruebas científicas y testimoniales.

El ahora sentenciado es el responsable de asesinar el 24 de agosto de 2012, en la aldea Chojlomquiej, Sacualpa, Quiché, a: su esposa de 16 años; a su hija de un año cuatro meses; a su suegra de 36 años; a su cuñada de un año con seis meses y a su cuñado de nueve años.

Guatemala 16 de julio de 2013

El Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil, luego de 16 allanamientos capturó, entre el 16 y 17 de julio de 2013, a 6 personas señaladas de integrar  una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, y a 5 personas señaladas de hacer uso de los servicios que prestaba esta estructura. Según la investigación de la institución, estas personas explotaban sexualmente a mujeres menores de edad en el municipio de Mazatenango, Suchitepequez.

La captura de estas 11 personas es el resultado de una investigación iniciada en julio de 2012, cuando el gobierno de Estados Unidos presentó una denuncia ante el Ministerio Público porque se presumía la existencia de un grupo de personas que se dedicaba a la producción y distribución de material pornográfico de menores, así como a la trata de personas en la región ya mencionada.

El pasado 5 de diciembre, el Ministerio Público logró las primeras capturas de los integrantes de esta estructura criminal, y logró rescatar a siete menores de edad que eran explotadas sexualmente. Las víctimas recibieron apoyo psicológico y acompañamiento durante el proceso.

Los capturados, por los delitos de asociación ilícita y trata de personas, son: Ana Rosalina Echeverría Chávez, Laura Violeta Larrave Vásquez, Shirley Lorena Sosa y  Alfredo Emiliano de León, Luis Adrián Melgar Bac, capturados en los municipios de San Antonio y Mazatenango, Suchitepéquez.

Los capturados, por el delito de actividades remuneradas con personas menores de edad (clientes), son: Carlos Antonio Castro Ciani, José Eligio Marroquín Reyes, César Jesús Crisóstomo Barrientos Aguirre, Jorge Augusto Salazar García, Mynor David Morales Valdez y Edgar Simón Chiquirín, quien también fue detenido por el delito de asociación ilícita. Estas personas fueron capturadas en los municipios de San Antonio y Mazatenango, Suchitepéquez; en el municipio de Ocós, San Marcos.

Por la naturaleza del delito, y para evitar la revictimización de las menores de edad en su comunidad, el Ministerio Público solicitó que el caso fuera conocido en la Ciudad de Guatemala por un Juzgado de Mayor Riesgo.

Guatemala 17 de julio de 2013

A solicitud de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, este jueves 18 de julio, el Juzgado Primero “A” de Mayor Riesgo, ligó a proceso penal por el delito de actividades remuneradas con personas menores de edad a Carlos Antonio Castro Ciani y César Jesús Crisóstomo Barrientos Aguirre.

Castro Ciani y Barrientos Pelleceer, fueron capturados el miércoles último, en el municipio de San Antonio y Mazatenango, Suchitepéquez, sindicados de hacer uso de los servicios que ofrecía una  estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en contra de menores de edad.

La audiencia de primera declaración en donde se dicto prisión preventiva en contra de los dos acusados, se celebró a puerta cerrada para resguardar la integridad y seguridad de las víctimas menores de edad. 

El cinco de diciembre del año pasado, fiscales e investigadores lograron las primeras capturas de los integrantes de esa estructura criminal, y rescataron a siete menores de edad que eran explotadas sexualmente.

Entre el 16 y 17 de julio, fiscales del MP y elementos de la Policía Nacional Civil, detuvieron a seis  personas sindicadas de los delitos de asociación ilícita y trata de persona; además a cinco más por  actividades remuneradas con personas menores de edad (clientes), entre ellos figuran Castro Ciani y Barrientos Pellecer.

Los miembros de la estructura capturados por los delitos de asociación ilícita y trata de personas, son: Ana Rosalina Echeverría Chávez, Laura Violeta Larrave Vásquez, Shirley Lorena Sosa y  Alfredo Emiliano de León, Luis Adrián Melgar Bac.

En tanto, por el delito de actividades remuneradas con personas menores de edad (clientes), son: Castro Ciani, Barrientos Aguirre, Jorge Augusto Salazar García, Mynor David Morales Valdez, José Eligio Marroquín Reyes y Edgar Simón Chiquirín. 

Guatemala 19 de julio de 2013

La Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Mixco esclareció la muerte de Lesbia Venicia Alvarado de 77 años, asesinada el 11 de junio de 2012 en la colonia La Escuadrilla, zona 2 de Mixco.

El martes 23 de julio de 2013 el Tribunal Primero de Sentencia de Mixco condenó a 30 años de prisión a Olga Marina Díaz, de 24 años de edad por el delito de homicidio, por la muerte de Alvarado. Durante el juicio el Ministerio Público presentó diversas pruebas, como testimonios, peritajes e informes, como el elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses que estableció las causas del fallecimiento.

La sentencia condenatoria llevó justicia por la muerte de la señora Alvarado, quien falleció a causa de las múltiples heridas ocasionadas por la ahora sentenciada. La investigación de la Fiscalía de Mixco, estableció que Díaz atacó a la víctima en el interior de su residencia, un día después que Alvarado le cobró la cantidad correspondiente a seis meses de atraso en el pago del alquiler de una habitación.

El día de los hechos los vecinos escucharon gritos de auxilio y encontraron a Díaz sobre el cuerpo de la víctima, por lo que procedieron a entregarla a la Policía Nacional Civil.  Los investigadores del Ministerio Público procesaron la escena del crimen donde se encontraron pruebas que comprobaron la implicación de la ahora sentenciada.

Guatemala 25 de julio de 2013

El jueves 25 de julio de 2013 se realizó la entrega de diplomas a las 90 personas que concluyeron exitosamente el Curso B-Learning Investigación, Persecución y Acción Penal Por Hechos Delictivos contra la Vida e Integridad de las Personas Cometidos por Estructuras de la Criminalidad Organizada.

Durante el acto estuvo presente Ranferi Díaz, Director de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público; Miriam Ambrocio, Fiscal de Sección Adjunta de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público y Carlos Alberto Ruíz, Secretario Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

El diplomado forma parte del fortalecimiento institucional y de capacidades técnicas y profesionales del personal del Ministerio Público. La capacitación, que tuvo una duración de tres meses, estuvo dirigida  a miembros de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

Durante el  curso recibieron las herramientas teóricas y prácticas de criminalística,  estrategias necesarias para mejorar los procesos de investigación en los casos relacionados con el crimen organizado; así como teorías con perspectiva de género.

La capacitación se realizó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Guatemala 25 de julio de 2013

El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, ligó a proceso el 18 de julio a Ruancy Bismark Rivera López, de 25 años; Elvis Gonzálo Ramos Herrera, 23; Jorge Antonio Méndez Nolasco, 25; y Joel Edgar López Ramírez, de 19, por el delito de extorsión

La Discalía Distrital de Huehuetenango informó que las personas fueron capturadas el 16 de julio durante dos operativos del Ministerio Público, en coordinación con la Polícía Nacional Civil, realizados en la aldea Las Vegas y en la terminal de buses de Huehuetenango.

Las aprehensiones se realizaron como seguimiento a las investigaciones realizadas por la Fiscalía luego de la denuncia recibida el 27 de junio.

Los integrantes de dicho grupo delictivo, envíaban notas a sus víctimas exigiendoles dinero para no hacerles daño.

Guatemala 26 de julio de 2013

El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, en la que participaban agentes policiales, fiscales y abogados.

En conferencia de prensa, la Fiscal General y Jefa del MP, Claudia Paz y Paz Bailey, y el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informaron que entre los capturados están los cabecillas de la banda, identificados como Luis Alejandro Vargas, alias “Cochi”, y Manuel López Asencio, “Choto”, ex miembro de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA), de la PNC.

También  fueron detenidos: Federico Guillermo Ramírez  Corado, alias “Chico”, auxiliar fiscal; Hilma Angélica Ruano García, agente fiscal, y Marvin Alfredo Alvarado Castillo, auxiliar fiscal; personal asiganado a la Fiscalía Municipal de del MP de Villa Nueva.

En la instalaciones de la PNC, fueron aprehendidos Carlos Eleazar Villanueva Polanco (inspector DAIA); Blanca Cecilia Ávila Zavaleta (agente DAIA); René Antonio García Suárez (agente DAIA); y Sergio Jonathan Duarte Castellanos (agente DAIA).

Como parte de las investigaciones, las acutoridades también capturaron a Marvin Alfredo Alvarado Castillo, Rubén Alfonso Trejo Martínez (abogado y notario), Glenda Jocelyn Gálvez Velásquez y Carlos Alfredo Marota Borrayo, quienes forman parte de la misma estructura que se dedicaba a la estafa, extorsiones y apropiaciones ilegales de propiedades. Se detuvo anteriormente a Edgar Esteban Salazar Cojón, igualmente agente de la DAIA.

Los aprehendidos están sindicados de los delitos de asociación ilícita, conspiración, caso especial de estafa, extorsión, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

“Esta investigación viene desde el 27 de diciembre del 2011, cuando hubo una incautación de 120 toneles de percusores en la carretera al Atlántico, en el lugar fueron detenidas tres  personas. En otra operación, el pasado 15 de enero, se incautó $500 mil y se reportó la captura de siete personas, a quienes se les otorgó una medida sustitutiva y se encuentran prófugas de la justicia”, indicó la fiscal Paz y Paz.

La Jefa del MP destacó el trabajo conjunto entre el MP y el Ministerio de Gobernación, lo que llevó a la detención de esta banda en la cual, dentro de su estructura, se encuentran funcionarios del MP y agentes de la PNC.

La investigación exhaustiva realizada por la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP), permitió establecer la presunta participación de Ángel Antonio Morales González, Ruth Nohemí Valenzuela Hernández y Otto Alejandro Pivaral Dardón, en el asesinato cometido en contra de Ingrid Gabriela Conedera Vargas, trabajadora de la Procuraduría General de la Nación.

Para lograr establecer la participación de los sindicados en los hechos, fiscales e investigadores recabaron indicios, entre ellos un video que aportó datos importantes que permitieron vincularlos con el asesinato de Conedera Vargas, ocurrido el jueves 25 de julio en un sector de la zona 5 de esta capital.

Morales González, fue identificado como la persona que conducía la motocicleta desde donde dispararon en contra de la víctima; fue detenido el viernes 26 de julio en su vivienda ubicada en la zona 6, en el interior se localizó un casco, la motocicleta, zapatos deportivos y la chumpa utilizados el día del hecho.

En tanto, Valenzuela Hernández es identificada como la persona que acompañaba a Morales González en la parte trasera de la motocicleta y quien disparó directamente en contra de Conedera. El MP sindica a ambas personas del delito de asesinato.

Ruth Nohemí Valenzuela Hernández fue capturada el martes 30 de julio en su residencia ubicada en la aldea Posa Verde, Sansare, El Progreso.

Las investigaciones también vinculan a Pivaral Dardón, ex esposo de la víctima, quien presuntamente habría ordenado el crimen y quien se encuentra recluido en el Hospital 7-19 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con custodia policía. El Ministerio Público le sindica el
delito de femicidio.

Guatemala 31 de julio de 2013

El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo dictó el jueves 8 de agosto, sentencias de prisión inconmutable que van desde 15 a 33 años por los delitos de ejecución extrajudicial de 10 reos, proceso seguido en contra de ocho personas, entre ellos ex miembros de seguridad del Estado y civiles.

Además, el tribunal absolvió a cuatro personas por los delitos de ejecución extrajudicial y asesinato y asociación ilícita. La Fiscalía informó que respetan la decisión del Tribunal pero que no la comparten y que analizarán las razones por las cuales fueron absueltos los imputados, para poder apelar la decisión y plantear los recursos permitidos en ley.

Durante el juicio la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentó ante el Tribunal Primero de Mayor Riesgo B, más de 100 medios de prueba que incluyeron declaraciones de testigos, informes de peritos, prueba documental, balística, fotográfica y audiovisual, así como los planes operativos denominados “Pavo Real” y “Gavilán, que involucran directamente a los sindicados en los casos conocidos como Pavón, Zacapa y la Cueva.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público realizadas en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los ocho sentenciados formaron parte de un grupo paralelo que funcionó dentro del Estado guatemalteco. Los ahora sentenciados realizaron ejecuciones entre 2005 y 2006 de varios privados de libertad recluidos en la Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala.

Antecedentes

Según las investigaciones de la Fiscalía, los sentenciados entre ellos ex policías y ex funcionarios del Ministerio de Gobernación, ejecutaron el denominado “Plan Gavilán” para ubicar y recapturar a los reos fugados de las cárceles “El Infiernito” y de la Granja Penal de Pavón ocurridas en los años 2005 y 2006.

Caso Zacapa:

El grupo paralelo, capturó y ejecutó al prófugo Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez. Santacruz Rodríguez fue capturado con vida por elementos policiales e investigadores de la Cartera del Interior, posteriormente bajo custodia policial se llevó a cabo su ejecución extrajudicial en Río Hondo, Zacapa, ocurrida el 3 de noviembre de 2005.

La cueva:

El 1de diciembre de 2005, en el lugar conocido como “la Cueva” ubicado en la Aldea los Amates, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, dicho grupo paralelo, capturó y ejecutó a los reos Julián Morales Blanco y José Maldonado Sosa.

Pavón

El grupo de ex agentes y ex funcionarios, a través de la ejecución del plan “Pavo Real” ingresaron el 25 de septiembre del 2006, a la Granja Penal de Pavón, y luego de someter a los prisioneros llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales de: Luis Alfonso Zepeda González, Jorge Eduardo

Las sentencias

El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo emitió las siguientes sentencias:

En conferencia de prensa realizada hoy, 9 de agosto de 2013, ofrecida por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz Bailey, junto al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se informó de la captura en su segunda fase del grupo de sicarios denominado “La Bomba”, en varios operativos realizados en el departamento de Escuintla.

Las personas capturadas son: Luis Fernando Santos, Francisco Manuel Macario Amaya, Irma Yolanda Gómez Lima, Celvin Manolo Gómez Gómez, Jerson Vitelio Aguilar Castro, William Alberto Carias, Juan Carlos Torres Revolorio, Rosa Arminda Gómez Santos, Gabriela Alejandra Coc Alvarado y José Alberto Alvarado Peralta.

A estas personas se les sindica de los delitos de asesinato, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. Además, se les señala de ser los reponsables de la muerte, el 24 de noviembre de 2011, de 5 personas que fueron extranguladas y halladas en el km. 105 hacia Escuintla. También serían los autores de otros nueve asesinatos cometidos durante los meses de junio y julio del presente año.

La fiscal general, Claudia Paz y Paz Bailey, indicó que el grupo de narcotraficantes asesinaba a sus adversarios para eliminar la competencia en la distribución ilícita de drogas.

Los ahora capturados forman parte de la misma estructura parcialmente desarticulada el pasado febrero, cuando fueron capturados, entre otros, Erick Eduardo Estrada Cortez, Manuel Alexander Acevedo Solís, Eswin Leonel Ramírez y cuatro personas más; por los delitos de asesinato, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas quienes actualmente se encuentran ligados a proceso.

Guatemala 9 de agosto de 2013

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente condenó el 6 de agosto a Juan García Zúñiga,  por el delito Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.  El Tribunal le impuso cinco años de prisión y el pago de Q5 mil de multa.

La Fiscalía contra el Patrimonio Cultural informó que el 9 de julio de 2012 en el Aeropuerto internacional La Aurora García Zúñiga intentó sacar del país cinco piezas arqueológicas de incalculable valor, mediante el envío de una carga aérea hacia los Estados Unidos que contenía cinco piezas prehispánicas.

Como seguimiento a las investigaciones el ahora aprehendido fue capturado el 4 de septiembre de 2012, en su vivienda ubicada en San Cristóbal Frontera, de Atescatempa, Jutiapa, con orden de captura emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de la ciudad de Guatemala.

EL Ministerio Público indicó que García Zúñiga envió dos encomiendas, las cuales debían ser enviadas vía aérea hacia Estados Unidos; los paquetes fueron incautados por autoridades del aeropuerto Internacional que practicaron rayos x a la carga. Como resultado, especialistas del Ministerio de Cultura y Deportes determinaron que eran cinco piezas arqueológicas prehispánicas de la época Clásica de la Cultura Maya. Los especialistas indicaron que las piezas arqueológicas posiblemente provienen de algún sitio arqueológico del Oriente del país.

Durante su primera declaración el sindicado manifestó que había conseguido las piezas arqueológicas, las había embalado y puesto en cajas para enviarlas a Estados Unidos, sin precisar el monto que le pagarían por las mismas.

Guatemala 12 de agosto de 2013